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La investigación de Amnistía Internacional sobre tres bombardeos en Teherán muestra que, incluso cuando el objetivo militar pueda ser legítimo, los ejércitos de EE. UU. e Israel están obligados a ajustar sus acciones según la densidad de población, el alcance de las armas y los riesgos civiles previsibles; al menos 41 civiles murieron, lo que revela que los responsables militares anteponen la vida de la gente común a la conveniencia operativa.