La nueva normativa de Azerbaiyán prohíbe la entrada a la escuela de chicas con hiyab; las protestas se saldan con detenciones y control de plataformas
Azerbaiyán prohíbe el acceso a las escuelas de las alumnas que llevan hiyab en nombre de la unificación del uniforme escolar, lo que ha provocado protestas de profesores y estudiantes. Según informó Al Jazeera, decenas de personas han sido detenidas en las manifestaciones y varios servicios de redes sociales han sufrido interrupciones, aunque el alcance concreto aún está por esclarecer.
La nueva normativa sobre uniformes escolares de Azerbaiyán prohíbe la entrada en los centros educativos a las alumnas que llevan hiyab. Según informó Al Jazeera el 12 de octubre, la medida ha provocado protestas sostenidas de profesores y estudiantes, acompañadas de una represión simultánea mediante detenciones policiales e interrupciones en plataformas de redes sociales.
El reportaje, citando fuentes pertinentes, señala que decenas de personas han sido detenidas durante las manifestaciones, pero la cifra exacta aún no ha sido confirmada oficialmente. Mientras tanto, usuarios han reportado interrupciones en los servicios de varias plataformas de redes sociales, si bien qué plataformas se han visto afectadas y cuál es el alcance de la medida sigue sin estar claro.
La nueva normativa apela a la "unificación" como razón administrativa e incorpora la indumentaria religiosa, que pertenece al ámbito de la elección personal y familiar, en el terreno de las disposiciones administrativas. En la región del Cáucaso Sur, donde de por sí la expresión religiosa es un asunto sensible, impedir el acceso a las puertas de los centros educativos a las niñas portadoras de un signo religioso cotidiano —bajo cualquier pretexto de "modernización" u "orden del aspecto escolar"— constituye una erosión administrativa de los derechos fundamentales de las minorías. En cuanto al fundamento jurídico concreto y a la explicación oficial de esta importante política educativa, por el momento no existe información públicamente verificable; el procedimiento y la autorización mediante los cuales la política ha pasado a la fase de ejecución deberían, como es lógico, ser sometidos al escrutinio público.
La salida a la calle de profesores y estudiantes constituye una respuesta legítima a la coerción administrativa. La reacción de las autoridades, sin embargo, apunta a las detenciones y al corte de plataformas: estrechar el margen de expresión en el espacio público y estrechar la conectividad en el espacio digital. Aunque persisten las incertidumbres sobre detalles como el número de detenidos y el alcance de las medidas sobre las plataformas, la propia orientación de la respuesta ya dice mucho.
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