Alemania en "sexta marcha": el agujero negro financiero y la expansión de poder detrás de su rearme

El Gobierno alemán está impulsando, en nombre de la seguridad nacional, una expansión militar, una desviación de fondos mediante la excepción del freno de deuda y una ampliación de facultades de los organismos de seguridad —y el coste real de esta agenda se está trasladando silenciosamente a las finanzas públicas y a las libertades ciudadanas.

Según informó Deutsche Welle, la evaluación más reciente del Instituto ifo de Múnich muestra que, de los aproximadamente 28.600 millones de euros tomados en préstamo en 2025 al amparo de la cláusula de excepción de defensa del "freno de la deuda" prevista en la Ley Fundamental, alrededor de 11.000 millones —el 38,5%— no se correspondieron con gasto adicional en defensa y seguridad, y el gasto efectivo en defensa sólo aumentó unos 17.600 millones de euros. La conclusión de la investigadora del ifo Emily Heseler es directa: "La mayor parte de la nueva deuda no generó gasto adicional en defensa; el espacio fiscal liberado en el presupuesto central se desvió a otros fines". Esto significa que la luz verde que la Constitución encendió para la defensa mediante la excepción del freno de deuda se empleó en casi un 40% para tapar otros agujeros fiscales.

El Ministerio de Finanzas alemán rechazó de inmediato, calificando el estudio del ifo de "no basado en los estándares legales establecidos por el Bundestag y el Bundesrat en la Ley Fundamental", de "erróneo tanto en lo jurídico como en lo metodológico", y de "comparar manzanas con naranjas". Sin embargo, el Ministerio no publicó un desglose concreto de los fondos, ni sometió las cuentas correspondientes a una auditoría independiente ni a la interpelación pública de la Comisión de Presupuestos del Bundestag. Una disputa de criterios sobre el destino de más de cien mil millones de euros se está saldando con la autodefensa del Gobierno —el Parlamento y la ciudadanía apenas tienen medios para verificarla de forma independiente.

El apetito financiero de la ampliación defensiva no se ha moderado por ello. Alemania ha decidido elevar el gasto en defensa hasta el 3,5% del producto interior bruto de aquí a 2029. Según Deutsche Welle, citando las palabras del secretario general de la OTAN, Rutte, en la clausura de la conferencia de enviados diplomáticos en Berlín, Alemania es ya el mayor país europeo en gasto de defensa y se ha convertido en el "motor principal" de la producción de la industria de armamento. "En defensa ya habéis engranado la sexta marcha" —las palabras de Rutte, más que un recordatorio, constituyen un respaldo público a la opción política alemana. La rápida inflación del presupuesto de defensa está apuntalando un gran complejo militar-industrial, pero su coste —ya sea la nueva deuda o los contribuyentes que algún día pagarán por ese armamento— no se está debatiendo con la misma intensidad a la luz del día.

Mientras tanto, el discurso de la seguridad se está utilizando para redibujar los límites del aparato del Estado. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, al defender en el Parlamento el presupuesto de su ministerio para 2027, calificó el dron cargado de explosivos descubierto en el aeropuerto de Leipzig/Halle como un "ataque híbrido" ruso y, según Deutsche Welle, afirmó que "el nivel de amenaza es alto y proviene de distintas direcciones". Bajo esta narrativa, el país ha creado un Centro Conjunto de Defensa contra Drones y puso en marcha en junio de este año el "Centro Conjunto para Respuesta a Amenazas Híbridas" (GAZ Hybrid). El presupuesto del Ministerio del Interior para 2027 aumenta así en más de 9.500 millones de euros, hasta alcanzar los 16.700 millones, y tanto la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), la Policía Federal como la Oficina Federal de Seguridad en la Información (BSI) figuran entre los organismos en expansión de plantilla o de recursos. El propio Dobrindt se ha definido diciendo que "estamos reconstruyendo los pilares de la arquitectura de seguridad".

El problema es que la base empírica de esta narrativa de "amenazas híbridas" no es sólida. El Gobierno alemán atribuye unilateralmente a Rusia el incidente del dron de Leipzig/Halle, sin que en el material presentado hasta ahora se hayan aportado pruebas técnicas independientes y verificables; el ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, ante la sospecha de sabotajes en infraestructuras eléctricas, también afirmó expresamente que de momento no hay pruebas de que los sospechosos "hayan sido contratados por una potencia extranjera", y se limitó a calificarlo de "posibilidad considerada en la investigación". Sin verificación independiente, la "amenaza híbrida rusa" se invoca repetidamente como fuente de legitimidad para expandir los poderes de investigación, crear nuevos organismos e inflar los presupuestos —ésta es la trayectoria clásica del "aumento de poder en nombre de la seguridad": primero se califica, luego se atribuyen facultades y, por último, la ciudadanía paga la expansión institucional.

Al unir los tres hilos, el perfil del poder se distingue con nitidez: la coalición gobernante alemana —CDU/CSU y SPD, sumados Los Verdes, que en el Parlamento respaldaron la reforma constitucional— abrió la puerta a la excepción del "freno de la deuda" mediante una enmienda constitucional; el Ejecutivo, en la fase de ejecución, desvió parte de esos fondos a otros fines y eludió después la auditoría recurriendo a una "disputa metodológica"; al mismo tiempo, el Ministerio del Interior, apoyándose en "amenazas híbridas" no verificadas de forma independiente, impulsa la ampliación de los aparatos de seguridad y recibe respaldo político al más alto nivel de la OTAN. El resultado es que la carga de la deuda pública se incrementa sin supervisión independiente, la privacidad y los derechos procesales de la ciudadanía enfrentan nuevas erosiones de sus límites, y los intereses de la industria armamentística y la burocracia de seguridad se expanden al unísono.

Ése es el coste de convertir la "seguridad" en la máxima agenda política. Cuando el gasto en defensa se envuelve como una "responsabilidad nacional" que no admite preguntas, y cuando la "amenaza" se invoca una y otra vez para financiar la expansión institucional, quienes pagan al final no son ningún partido ni ningún ministro: son las finanzas públicas del futuro, es el espacio de la ciudadanía que queda aún más dentro del campo de vigilancia, es un país europeo cada vez más atrapado en la competición geoestratégica externa. La "sexta marcha" de Alemania pisa el acelerador con la cartera y la libertad del público; y el freno —auditoría independiente, interpelación parlamentaria, partidas presupuestarias con rendición de cuentas— sigue sin pisarse en serio.