Por un lado privados, por otro movilizando poder público: el juego de límites de los privilegios de la familia real británica

La familia real británica, por un lado, define a Harry y Meghan como ciudadanos privados, y por otro activa el sistema cortesano para desplegar reglas sobre su trato ante el Gobierno y los militares. Esto demuestra precisamente que la identidad monárquica nunca ha salido realmente de la estructura de poder estatal del Reino Unido.

Carlos III autorizó al máximo funcionario administrativo del Palacio Real para enviar cartas al Gobierno británico, a altos mandos militares y a los representantes del rey en las distintas regiones, reiterando que la pareja no es miembro de la familia real en el ejercicio de funciones oficiales, y que sus actividades comerciales y benéficas son asuntos privados. El problema no reside en la aclaración de identidad en sí, sino en que un ciudadano privado común no tendría al monarca autorizando a altos funcionarios cortesanos para exigir a las instituciones del Estado una comprensión unificada de su estatus, ni haría del Palacio de Buckingham un nodo de contacto oficial cuando las instituciones públicas deban gestionar cuestiones de trato y fondos públicos.

Este arreglo institucional expone la contradicción con gran claridad: cuando la familia real desea deslindar responsabilidades, Harry y Meghan son privados, financieramente independientes y asumen sus propias decisiones comerciales; pero cuando los organismos gubernamentales deben decidir sobre trato, seguridad policial y gasto público, su sangre y sus títulos bastan para activar un procedimiento especial al que el común de los ciudadanos no puede acceder. La identidad puede privatizarse, pero las facilidades institucionales no desaparecen con ella.

La controversia sobre la seguridad ilustra especialmente esta asimetría de poder. El comité gubernamental británico responsable de la seguridad de la familia real y de figuras importantes decidirá si, cuando la familia de Harry regrese al Reino Unido, podrá restablecerse la protección policial permanente financiada con fondos públicos. Por supuesto, los riesgos de seguridad requieren un juicio profesional, pero que los contribuyentes asuman los costes no debería entrar de forma natural en un cauce especial por razones de relación cortesana; la familia real tampoco debería actuar al mismo tiempo como definidora de identidades, centro de enlace oficial e influyente institucional.

Este reportaje no proporciona costes de seguridad, la decisión final del comité ni la carta completa, por lo que no es posible confirmar cuánto gasto público incrementará este arreglo. Aun así, la cadena administrativa ya claramente establecida revela el privilegio central de la monarquía: los miembros de la familia real pueden renunciar a sus funciones, pero difícilmente pueden renunciar a los recursos estatales y a la atención burocrática que gira en torno a su identidad. Quien asume el coste de este sistema no es la corte, sino el público británico, que debe pagar procedimientos especiales, evaluaciones policiales y tratamientos oficiales.