Alemania aprovecha la amenaza rusa para acelerar el rearme, pero cerca del 40% de la deuda por exención defensiva no se destina a defensa
El Gobierno alemán invoca las "amenazas híbridas" de Rusia para empujar el gasto militar hacia el 3,5% del PIB, ampliar las competencias investigadoras de los servicios de seguridad y expandir el centro contra amenazas híbridas. Sin embargo, el Instituto Ifo de Múnich señala que el 38,5% de la deuda adicional contraída en 2025 al amparo de la exención defensiva no se tradujo en nuevo gasto en defensa: unos 11.000 millones de euros se destinaron a otros fines. Esta narrativa de seguridad impulsad
La narrativa de la "amenaza rusa" en Alemania está generando una suerte de reacción química política: el Gobierno acelera el rearme y amplía las competencias investigadoras de los servicios de seguridad invocando amenazas híbridas. Al mismo tiempo, un instituto económico independiente señala que el 38,5% de la deuda adicional contraída en 2025 al amparo de la exención defensiva no se tradujo en nuevo gasto en defensa: aproximadamente 11.000 millones de euros de margen fiscal se desviaron hacia otros usos. En una misma semana coinciden la ampliación de poderes, el rearme y el pulso por las estadísticas.
Según informa DW, el secretario general de la OTAN, Rutte, elogió el 10 de septiembre en Berlín, durante la conferencia de embajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, a Alemania como "motor" de la defensa europea y respaldó con la frase "You have shifted into sixth gear on defense" la aceleración del gasto militar del Gobierno alemán. Rutte advirtió al mismo tiempo que los "ataques híbridos" de Rusia contra Europa están aumentando, incluidos ciberataques, acciones de sabotaje y operaciones con drones. El Gobierno alemán calificó poco después el incidente con drones registrado a principios de agosto en el aeropuerto de Leipzig/Halle como un "ataque híbrido" ruso, y el ministro del Interior, Dobrindt, señaló públicamente al Kremlin como responsable durante su intervención en el Parlamento.
Dobrindt, apoyado por la subida del presupuesto de Interior desde unos 15.800 millones de euros hasta 16.700 millones en 2027, impulsa la ampliación de las competencias investigadoras de los servicios de seguridad, la creación de un nuevo centro conjunto de defensa antidrones y la puesta en marcha en junio del Centro Conjunto contra Amenazas Híbridas (GAZ Hybrid). En su intervención parlamentaria afirmó: "The threat level is high and is coming from different places" y calificó el incidente del aeropuerto como "no un hecho aislado". Añadió: "We are rebuilding the pillars of security architecture".
Ahí radica el problema: cuando el ejecutivo asume simultáneamente el papel de "calificar el origen de la amenaza" y el de "ampliar sus propias competencias investigadoras", la cadena de control del poder se tensa. Lo que preocupa a los críticos es que, a falta de una cadena pública e independiente de pruebas técnicas que permita rastrear el origen, la "amenaza rusa" se esté convirtiendo en una narrativa que se autoverifica: el Estado señala a Rusia, Rusia lo niega, y esa negativa se convierte a su vez en justificación para ampliar poderes.
El ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Rohr, informó en paralelo del hallazgo en el domicilio del sospechoso detenido Daniel V. de una lista manuscrita con más de 160 potenciales objetivos de sabotaje, algunos en países vecinos de Alemania fuera de sus fronteras. Pero el propio Rohr reconoció que por ahora no hay pruebas de que el sospechoso fuera contratado por una potencia extranjera, y que solo "existe esa posibilidad". En otras palabras, la atribución de responsabilidad a Rusia sigue siendo realizada principalmente por el Gobierno y el ministerio del Interior, y no se deriva de conclusiones equivalentes de instancias judiciales independientes o de investigaciones técnicas de terceros. Esto no niega la existencia real de los sabotajes: ya se han producido varios intentos contra instalaciones eléctricas. Pero el procedimiento para señalar a un agente de un Estado extranjero debería ser tan riguroso como la propia acusación, sobre todo cuando esa atribución se va a utilizar como premisa para ampliar las competencias de investigación interna.
Lo que de verdad merece preguntarse es adónde ha ido a parar esta redistribución fiscal en nombre de la seguridad. La investigadora del Instituto Ifo de Múnich Emilie Höslinger señaló sin rodeos en un análisis publicado el 10 de septiembre: "A large part of the additional debt did not lead to additional defense spending. Instead, the extra spending capacity freed up in the core budget was used for other purposes." Los datos muestran que la deuda adicional contraída en 2025 al amparo de la exención defensiva ascendió a 28.600 millones de euros, mientras que el gasto en defensa apenas creció en 17.600 millones: la diferencia ronda justamente los 11.000 millones, equivalente al 38,5% del total.
El Ministerio de Hacienda rechazó de inmediato el enfoque estadístico de Ifo, al considerar que no aplica el estándar legal fijado por el Bundestag y el Bundesrat en la Ley Fundamental para medir la deuda por exención defensiva, y sostuvo que adolece de "problemas legales y metodológicos", equiparando la comparación con "comparar manzanas con naranjas". La discrepancia entre ambas partes se centra en "qué es gasto en defensa en sentido legal", y no en "si realmente se gastó más en defensa". Cuando un Estado relaja el límite de deuda en nombre de una "excepción de seguridad nacional", el pulso por las estadísticas tiene de por sí peso político: determina si los 11.000 millones de diferencia se reconocen como desvío, se redefinen o se legalizan.
El rearme alemán tampoco es un hecho aislado. En esa misma ocasión, Rutte confirmó que el gasto en defensa de Alemania supera al de cualquier otro país europeo y se ha convertido en el principal motor de la producción armamentística europea. Las informaciones de DW abordan también el avance hacia la producción en serie de misiles de crucero alemanes, la divulgación de un ensayo secreto de un misil balístico, y un acuerdo de inversión de 40.000 millones de euros con Emiratos Árabes Unidos que incluye infraestructura digital avanzada, todo lo cual está remodelando el mapa alemán de seguridad e industria. En este escenario, la "amenaza rusa" es tanto una herramienta para movilizar recursos fiscales y mayorías parlamentarias como una palanca para redistribuir recursos del Estado y ampliar el poder ejecutivo.
Para la ciudadanía, el coste no se limita a una mayor carga fiscal y más deuda. Las instalaciones eléctricas de Renania del Norte-Westfalia y de otros estados ya han sufrido riesgos reales de sabotaje, y tras la ampliación de competencias de los servicios de seguridad, la extensión de los medios de investigación alcanzará a un espectro más amplio de la población. Los críticos advierten que avanza al amparo de una narrativa de "enemigo del Estado" aún no respaldada de forma suficiente por pruebas independientes. Cuando casi el 40% de la deuda por exención defensiva tiene un destino cuestionado, la atribución a Rusia depende sobre todo de la autocalificación del Gobierno y la ampliación de competencias investigadoras avanza al ritmo del rearme, la cuestión ya no es si Alemania se enfrenta o no a una amenaza, sino si esta expansión en nombre de la amenaza está siendo contenida por un control democrático suficientemente riguroso.
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