Veinte estados de EE. UU. demandan conjuntamente a la administración Trump por debilitar las cláusulas centrales de la Ley de Especies en Peligro de Extinción
Veinte estados liderados por el Partido Demócrata y el fiscal general del Distrito de Columbia presentaron el miércoles dos demandas que acusan a la administración Trump de estrechar, mediante una regla definitiva, la definición de «daño» contemplada en la Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973, lo que abriría la puerta a actividades industriales como la minería y la perforación petrolera en hábitats sensibles.
Según informó Al Jazeera, los fiscales generales de veinte estados liderados por el Partido Demócrata y del Distrito de Columbia presentaron el miércoles dos demandas que acusan a la administración Trump de debilitar de forma ilegal la emblemática protección de las especies en peligro, mediante una regla definitiva promulgada hace menos de dos meses.
El fiscal general del estado de Washington, Nick Brown, declaró en una rueda de prensa: «La administración Trump está intentando debilitar la propia ley, la voluntad del Congreso y el deseo de la gran mayoría del pueblo estadounidense de proteger a las especies en peligro de extinción». Y añadió: «La actitud de este gobierno hacia la tierra y hacia el agua no es la de un custodio, sino la de un saqueador».
Las demandas apuntan directamente contra la regla definitiva emitida recientemente por el Departamento del Interior y el Departamento de Comercio. La nueva norma restringe la definición de «daño» prevista en la Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973. Conforme a la nueva regla, siempre que las actividades en cuestión no se dirijan «de forma directa e intencional» contra un animal específico, actividades como la minería y la perforación petrolera podrán llevarse a cabo en hábitats de especies en peligro. Los demandantes consideran que esta medida supone un «giro drástico sin precedentes», al despojar la protección de las especies que durante largo tiempo se había logrado mediante la preservación del hábitat.
La segunda demanda cuestiona otras dos reglas: una de ellas elimina las amplias protecciones aplicables a las especies recientemente catalogadas como amenazadas, a menos que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos dicte posteriormente una norma específica para cada especie; la otra exige que el gobierno considere las objeciones del sector privado antes de delimitar un «hábitat crítico». Los estados sostienen que estas modificaciones hacen que la protección efectiva de las especies en peligro quede por debajo del nivel establecido por el legislador en el Congreso.
La Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973 es ampliamente considerada como la legislación fundacional de la conservación de la naturaleza en Estados Unidos y, desde hace tiempo, se le atribuye haber contribuido a recuperar las poblaciones de especies como el águila calva, el oso grizzly y la yubarta. Sin embargo, durante su campaña para la reelección en 2024, Trump adoptó el lema «Drill, baby, drill», con el que prometió abrir más tierras protegidas a la exploración petrolera y al desarrollo privado. El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó en un comunicado: «Proteger nuestra vida silvestre y nuestro entorno es proteger nuestro futuro. Sin embargo, parece que al presidente Trump solo le importan él mismo y sus amigos del mundo empresarial». Organizaciones ecologistas ya habían presentado previamente demandas independientes contra los cambios normativos en cuestión.
Por su parte, la administración Trump sostiene que las actuales protecciones ambientales «han ido demasiado lejos» y acusa a los estados de intentar mantener una «extralimitación regulatoria» que va más allá de la intención original del Congreso. Según palabras de un portavoz del Departamento del Interior recogidas por Reuters: «La obligación de las agencias federales es ejecutar fielmente las disposiciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, y no ampliar su alcance mediante las interpretaciones preferidas por los grupos de defensa».
El resultado de las demandas aún es incierto, y queda por ver cómo sopesará el tribunal federal la intención original del Congreso frente a la interpretación restrictiva del término «daño» realizada por el Poder Ejecutivo. Los críticos temen que la drástica reducción de la normativa ambiental por parte de la administración Trump pueda provocar cambios irreversibles que empujen a las especies al borde de la extinción.
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