Control aéreo británico colapsa dos veces en tres años: 175 millones en dividendos a accionistas, crece la polémica por inversión en infraestructura y rendición de cuentas
NATS, el servicio nacional de aviación del Reino Unido, canceló al menos 2.000 vuelos debido a una falla en su sistema de procesamiento de datos de vuelo; la empresa ha descartado la posibilidad de un ciberataque. Se trata de la segunda paralización importante en tres años para esta empresa de colaboración público-privada. Las aerolíneas perdieron millones de libras, mientras que NATS repartió el año pasado 175 millones de libras en dividendos a sus accionistas, lo que está provocando una intens
Según informó Reuters citando datos de la empresa de análisis aeronáutico Cirium, el Servicio Nacional de Aviación del Reino Unido (NATS) sufrió el día 9 una falla en su sistema de procesamiento de datos de vuelo que provocó la cancelación de al menos 2.000 vuelos y dejó a decenas de miles de pasajeros varados en los principales aeropuertos británicos. El director ejecutivo de NATS, Martin Rolfe, declaró a la BBC que la empresa ha "descartado en esta fase la posibilidad de un ciberataque", aunque la causa raíz del incidente aún está pendiente de confirmación por una investigación independiente.
La secretaria de Transporte del Reino Unido, Heidi Alexander, ha convocado a Rolfe y ha solicitado a la Autoridad de Aviación Civil una revisión independiente de la falla. En su intervención en el Parlamento, afirmó sin rodeos: "No considero que este problema fuera inevitable". Ha exigido a NATS que determine la causa del incidente en el plazo de una semana y garantice el funcionamiento normal del sistema de control aéreo.
Esta paralización constituye la segunda falla importante de NATS en tres años. Según reportó Reuters, la aerolínea de bajo costo Ryanair perdió al menos 3 millones de libras a causa de este incidente, canceló 260 vuelos y afectó a 48.000 pasajeros. British Airways canceló cerca de 200 vuelos. El director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, ha exigido públicamente la dimisión de Rolfe, al describir esta paralización como "una réplica exacta de lo sucedido en 2023".
Las discrepancias surgieron de inmediato. Un portavoz de NATS sostuvo que esta falla es distinta a la de hace tres años, ya que afectó al sistema de datos de vuelo y no a la causa anterior, y señaló que "se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa raíz y establecer las actuaciones adicionales necesarias". Sin embargo, Ryanair no comparte esa visión y ya ha demandado a NATS ante el Tribunal Superior de Londres por la paralización de 2023, reclamando más de 7 millones de libras.
El foco de la controversia va mucho más allá del aspecto técnico. NATS es una empresa típica de colaboración público-privada del Reino Unido, con parte de su capital en manos de aerolíneas como British Airways y easyJet, fondos de pensiones y el Gobierno. Según informó Reuters, NATS repartió 175 millones de libras en dividendos a sus accionistas en 2025. Esta cifra contrasta de forma llamativa con las pérdidas sufridas por las aerolíneas durante las paralizaciones: la interrupción de agosto de 2023, que se prolongó durante tres horas, causó a las aerolíneas pérdidas de aproximadamente 100 millones de libras (188 millones de dólares).
Ryanair ha instado a NATS a reinvertir sus beneficios en la mejora del rendimiento de los sistemas y en la ampliación de personal, en lugar de destinarlos a retribuir a los accionistas. La compañía también señaló que en julio del año pasado NATS registró una falla técnica relacionada con radares que afectó a importantes centros como el aeropuerto de Heathrow.
En un contexto en el que se han producido dos paralizaciones masivas en tres años, se han repartido dividendos millonarios a los accionistas y, al mismo tiempo, las aerolíneas han llevado a NATS a los tribunales, el modelo de colaboración público-privada que representa NATS está siendo sometido a escrutinio: cuando una infraestructura crítica es copropiedad de múltiples actores con intereses comerciales, cómo se contienen institucionalmente las tensiones entre la responsabilidad operativa y la distribución de beneficios es una cuestión que la investigación independiente del Ministerio de Transporte y de la Autoridad de Aviación Civil no puede eludir.
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